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bueno las pruebas hablan por si solas. el robo y la corrupcion no van a parar hasta que el pueblo diga ya basta!!!!

Ya no hay que ir a cuba o haiti per vivir los abusos politicos, pues aqui ya se viven al 100%. El Foro Ciudadano afirmó ayer que la Reforma Constitucional que se lleva a cabo en el país ha convertido a la población dominicana en una víctima de los intereses de grupos políticos y empresariales, que parecen estar convencidos de que esta nación es un feudo personal que deben explotar sólo para su propio beneficio.

Según la entidad, el pueblo dominicano ha presenciado severas mutilaciones de sus derechos civiles, políticos y económicos en el seno de la Asamblea Revisora de la Constitución. “Esta modificación presagian un futuro difícil para los dominicanos, sobre todo para la población más vulnerable que tienen cerrados todos los caminos”.

El Foro Ciudadano celebró ayer una asamblea nacional, donde continuó evaluando la ejecución del presupuesto general de la nación, y lamentó que el Gobierno haya cubierto el 81% de la deuda pública y otros renglones para su beneficio, mientras las partidas para los sectores educación, salud y asistencia social han sido aún más pírricas que las del año pasado.

Sobre los resultados de la Asamblea Revisora, afirmó que se hace más visible la fisura de un sistema político en crisis e incapaz de superar problemas de legitimidad, representatividad y efectividad. El dirigente social Román Batista, secretario general, habló en representación del Foro Ciudadano. Juzgó que el proceso de reforma constitucional empezó mal y teminará mal.

“Se irrespetó la decisión del pueblo -agregó- después de una amplia y desgastante consulta que resultó un revés, y que ha llegado al colmo de negar a sus ciudadanos el libre tránsito por nuestras playas en pos de intereses de acumulación individual de una parte del empresariado dominicano”.
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Quienes suscriben, comunicadores y comunicadoras sociales en ejercicio, ciudadanos y ciudadanas deseamos expresar nuestra preocupación por la incomprensión que se manifiesta en esferas públicas frente a la labor de denuncia que realizan numerosos periodistas tanto en televisión y radio como en periódicos impresos y electrónicos.

Es también muy preocupante el que un diputado haya sometido un proyecto para limitar las garantías contenidas en la Ley General de Libre Acceso a la Información Pública 200-04, cuyo reglamento fue emitido por decreto presidencial 130 del 2005.

Nuestra preocupación es todavía mayor ante el despropósito, evidentemente ligado a lo anterior, de algunos legisladores que pretenden consagrar constitucionalmente como prerrogativa estatal calificar cuándo una nota periodística es o no “información veraz”, lo que nos sitúa ante el peligro de la censura previa, odiosa práctica negatoria de la libertad de expresión superada en nuestro país desde la caída del régimen de Trujillo.

Es necesario recordar que la Ley 200-04 fue fruto de varios años de consultas con expertos de organismos internacionales y de concertaciones entre instituciones gubernamentales y sociales empeñadas en la lucha contra todo género de malversación de los recursos estatales, objeto de denuncias no sólo de dirigentes de la sociedad civil, sino también de líderes de los partidos políticos siempre que están en la oposición al gobierno de turno.

Como se indica en su mismo texto, esta ley se fundamenta en el inciso 10, artículo 8 de la Constitución de la República, en el artículo 13 de la Convención Interamericana de Derechos Humanos y en dos enunciados del Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos, de los que la República Dominicana es signataria.

Legislaciones similares han proliferado en las últimas décadas en todos los países donde se ha expresado la firme voluntad de reducir la malversación de los recursos del Estado.

En su artículo 17 la Ley 200-04 contiene una docena de limitaciones, incluyendo la información vinculada con la defensa o la seguridad del Estado, y en vez de mayores restricciones debería ser objeto de ampliaciones para que cumpla su objetivo.

Deploramos la reticencia de numerosos funcionarios públicos, legisladores y políticos a acogerse a los mandatos de esta ley y su reglamento, expresión de nuestras debilidades institucionales, y ratificamos nuestra voluntad de proseguir apelando a ésta cada vez que se nos niegue información de interés público trascendente. Es una responsabilidad que queremos ratificar de conjunto para rechazar los intentos de personalizar y neutralizar las labores periodísticas individuales.

María Isabel Soldevila, Juan Bolívar Díaz, Miguel Guerrero, Jean Michel Caroit, Alicia Ortega, Manuel Quiterio Cedeño, Nuria Piera, Carmen Imbert Brugal, Huchi Lora, Adriana del Conte, Fausto Rosario Adames, Ramón Colombo, Altagracia Salazar y Ana Mitila Lora.
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