La variación de medidas de coerción que implicaban prisión preventiva para favorecer con libertad a personas acusadas de lavado de activos y de traficar con drogas, como son los casos más recientes de Sobeida Félix Morel o Jimmy Oliver Rodríguez Ortiz, reviven una práctica frecuente entre los que tienen la última palabra en materia judicial.
Además de los magistrados Fanny Manuel González Castillo, que otorgó la libertad a favor de Rodríguez Ortiz, apresado con 50 kilos de cocaína, o Rosanna Vásquez, que falló a favor de Félix Morel, a quien se vincula con US$4.6 millones supuestamente provenientes de lavado, hallados en una yipeta, la lista de jueces sancionados por malas prácticas es larga. Según la Suprema Corte de Justicia (SCJ), desde el 1999 a la fecha se han cancelado 52 magistrados por “faltas graves” en su función.
Sólo en el 2007 se anunció el sometimiento a juicio disciplinario de unos 40 jueces, según reportó la Suprema ese año. Los motivos incluyen desde recibir sobornos a cambio de fallos, exhibir malas conductas, actuar fuera de jurisdicción hasta actuar por temor.
Casos que despertaron gran recelo de la población son los del juez Ramón Emilio Sánchez Carpio, que dejó en libertad, por supuesta falta de pruebas, a dos sacerdotes y un diácono acusados de violación en el albergue Ciudad de los Niños San Francisco Javier, en Higüey; la decisión de los jueces de dejar en libertad a los policías involucrados en el escándalo de los vehículos robados; a los acusados del Plan Renove; o del préstamo de US$130 millones con la empresa Sun Land, que recayó en la propia Suprema.
Sólo por mencionar algunos nombres, en julio del 2005, el juez de primera instancia Rafael Cedeño González fue acusado de recibir un soborno de 120 mil euros para dejar en libertad a dos franceses que estaban involucrados en un alijo de 7 kilos de cocaína.
En abril del 2006, el juez de paz Samuel de la Cruz fue cancelado por intento de soborno a otra magistrada, a quien le ofrecieron un carro y un millón de pesos, con tal de que enviara a juicio criminal a los implicados en un caso.
También el juez de instrucción de La Vega, Julio Andrés Adames, fue sancionado por recibir US$50 mil y una pistola con la cual se había matado a una persona, a cambio de una decisión a favor del supuesto homicida.
El director ejecutivo de la Fundación Institucionalidad y Justicia (Finjus), Servio Tulio Castaños Guzmán, admite que la corrupción logra permear incluso a la Justicia, sin embargo, entiende que se debe tener un visión integral del problema. Considera que al cuestionar a los jueces, se debe tomar en cuenta si los expedientes que reciben están bien instrumentados.
“El tenía un gran consulado clandestino en su residencia, y, en su momento, era el mayor organizador de viajes ilegales en la Zona Oriental”, afirmó la ex funcionaria.
