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San José de Ocoa.- La Guardia Presidencial apresó ayer al periodista y dirigente comunitario, José Manuel Calderón, cuando distribuía volantes con críticas al gobierno próximo al lugar donde el presidente Leonel Fernández encabezó luego la inauguración de dos proyectos habitacionales. También dirigente de la Asociación Dominicana de Profesores (ADP), quien fue liberado posteriormente, denunció que fue “ultrajado y arrastrado” por los militares de la seguridad presidencial.

Precisó que fue apresado a las 11:45 de la mañana, antes de que llegara el Presidente y puesto en libertad tres horas más tarde, luego de que fuera sorprendido distribuyendo volantes con demandas comunitarias, que contenían aspectos con palabras consideradas no adecuadas e “insultantes”. Calderón fue puesto en libertad luego de que un grupo de comunicadores, educadores y dirigentes comunitarios se aglomeraron frente al cuartel de la Policía para demandar su libertad.

Al salir del cuartel, el periodista dijo que hizo el volante porque el mandatario estuvo en San José de Ocoa hace más de un año y no le cumplió la promesa “y vino hoy a hablar los mismos embustes (mentiras)”.

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Quienes suscriben, comunicadores y comunicadoras sociales en ejercicio, ciudadanos y ciudadanas deseamos expresar nuestra preocupación por la incomprensión que se manifiesta en esferas públicas frente a la labor de denuncia que realizan numerosos periodistas tanto en televisión y radio como en periódicos impresos y electrónicos.

Es también muy preocupante el que un diputado haya sometido un proyecto para limitar las garantías contenidas en la Ley General de Libre Acceso a la Información Pública 200-04, cuyo reglamento fue emitido por decreto presidencial 130 del 2005.

Nuestra preocupación es todavía mayor ante el despropósito, evidentemente ligado a lo anterior, de algunos legisladores que pretenden consagrar constitucionalmente como prerrogativa estatal calificar cuándo una nota periodística es o no “información veraz”, lo que nos sitúa ante el peligro de la censura previa, odiosa práctica negatoria de la libertad de expresión superada en nuestro país desde la caída del régimen de Trujillo.

Es necesario recordar que la Ley 200-04 fue fruto de varios años de consultas con expertos de organismos internacionales y de concertaciones entre instituciones gubernamentales y sociales empeñadas en la lucha contra todo género de malversación de los recursos estatales, objeto de denuncias no sólo de dirigentes de la sociedad civil, sino también de líderes de los partidos políticos siempre que están en la oposición al gobierno de turno.

Como se indica en su mismo texto, esta ley se fundamenta en el inciso 10, artículo 8 de la Constitución de la República, en el artículo 13 de la Convención Interamericana de Derechos Humanos y en dos enunciados del Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos, de los que la República Dominicana es signataria.

Legislaciones similares han proliferado en las últimas décadas en todos los países donde se ha expresado la firme voluntad de reducir la malversación de los recursos del Estado.

En su artículo 17 la Ley 200-04 contiene una docena de limitaciones, incluyendo la información vinculada con la defensa o la seguridad del Estado, y en vez de mayores restricciones debería ser objeto de ampliaciones para que cumpla su objetivo.

Deploramos la reticencia de numerosos funcionarios públicos, legisladores y políticos a acogerse a los mandatos de esta ley y su reglamento, expresión de nuestras debilidades institucionales, y ratificamos nuestra voluntad de proseguir apelando a ésta cada vez que se nos niegue información de interés público trascendente. Es una responsabilidad que queremos ratificar de conjunto para rechazar los intentos de personalizar y neutralizar las labores periodísticas individuales.

María Isabel Soldevila, Juan Bolívar Díaz, Miguel Guerrero, Jean Michel Caroit, Alicia Ortega, Manuel Quiterio Cedeño, Nuria Piera, Carmen Imbert Brugal, Huchi Lora, Adriana del Conte, Fausto Rosario Adames, Ramón Colombo, Altagracia Salazar y Ana Mitila Lora.
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Cuidémoslo

La Cámara de Cuentas de la República Dominicana, organismo encargado de velar por el buen uso de los recursos del Estado, aumentó en lo que va de año en un 150% su nómina del departamento de seguridad, donde uno de sus miembros devenga mensualmente un salario de RD$55 mil, más almuerzo y una dieta de RD$7,000.

A DominicanosHoy.com llegó “la relación de pago del departamento de seguridad”, referente al mes de abril, que revela la existencia de 108 empleados, 48 más de los que había en noviembre del año 2008, lo que en efectivo indica que se está pagando por encima del millón de pesos, comparado con la fecha referida.  ¡A sorpresa! En la nómina también se encuentran agentes que desempeñan dos funciones en el Estado, cobran en los dos sitios y en ninguno cumplen con su trabajo; como si el país estuviera en condiciones para tener sentadas a personas y pagándoles.

Este es el caso de Domingo Antonio Paulino Diní, quien se desempeña como seguridad en la Cámara de Cuentas devengando un sueldo de 41,400 pesos, además es asistente de la presidenta del Consejo Nacional de Drogas, doctora Mabel Féliz. Una fuente de entero crédito, conocedora de la situación y muy ligado al organismo auditor, se cuestionó sobre el paradero de estos “agentes”, en momentos en que la República Dominicana está siendo azotada por la delincuencia y éstos deberían estar vigilando las calles.

“Habrá que preguntarle al secretario de las Fuerzas Armadas (teniente general Rafael Peña Antonio) si él le dio permiso a sus militares para hacer estos trabajos y, a lo mejor también el jefe de la Policía, Guzmán Fermín, dejó que sus agentes estén cobrando en organismos sin hacer nada, mientras las calles están repletas de delincuentes”, sostuvo el informante.

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